INFORME DEL COLECTIVO DE MUJERES JUANA AZURDUY
Por estos días leemos en los medios de comunicación de nuestra ciudad que semanalmente la Justicia allana prostíbulos y rescatan a mujeres víctimas de esta red que promueve el primer negocio clandestino más rentable del mundo, seguido del tráfico de armas y de droga. Pero más allá de las crónicas policiales es necesario tener en cuenta cómo se da la proliferación de centros de esclavas sexuales, en qué condiciones se lleva adelante el procedimiento a cargo de los efectivos, y hasta dónde son suficientes los tiempos de la justicia para las víctimas en cautiverio.
Hace más de un año, la Fundación contra el trabajo esclavo La Alameda denunció el funcionamiento de unos 70 prostíbulos en La Plata, 50 en el casco urbano, donde someten diariamente a unas mil mujeres; pero es a cuenta gotas que estas bandas de esclavitud y explotación sexual son desbaratadas.
Para responder al cuestionamiento de la proliferación de prostíbulos en nuestra ciudad, es necesario tener en cuenta qué factores la hacen posible. El elemento principal es la falta de escrúpulos de “empresarios” que regenteen estos lugares; según publicó en un informe el diario “El Día”, en base a la investigación del fiscal Fernando Cartasegna, responsable de los allanamientos en La Plata: “Lejos de ser percibida como un delito, muchos la consideran hoy (a la explotación de mujeres) casi ‘otra forma de ganarse la vida’ y así se ha vuelto un negocio en el que incursionan ‘desde pequeños empresarios hasta estudiantes’, cuentan los investigadores.”
En el mismo análisis, el matutino advierte que aunque el regenteo de prostíbulos suele estar asociado a oscuros personajes, la realidad del negocio en La Plata es hoy bastante más amplia: “No sólo está en manos de viejos comisarios y barrabravas, hay también pequeños empresarios y comerciantes de distintos rubros que le ven la veta y se mandan. De hecho, uno de los últimos explotadores que agarramos era un estudiante que dejó la universidad y puso una casa”, según informó un agente judicial.
Esta impunidad con la que “trabajan” un número cada vez mayor de regentes nos lleva a un segundo elemento indispensable para la supervivencia: la policía bonaerense.
Volviendo al informe que la organización La Alameda junto al programa televisivo GPS denunciaron el año pasado, el eje de la información se basó en las coimas que cobraban algunos efectivos de la División Moralidad de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para la “protección” de estos centros clandestinos. Quienes regentean estos centros deben acordar además con el cuerpo inspectivo de la municipalidad y las comisarías en jurisdicción.
Tal es así, que días atrás, una delegación integrada por el juez Juan Pablo Masi, el fiscal Cartasegnia y la DDI La Plata allanó un cabaret a tan sólo 20 metros de la Comisaría de la Mujer, en la intersección de 1 y 42. Lo más llamativo fue que, ante el requerimiento de la delegación, desde la Comisaría de la Mujer dijeron “no haberse dado cuenta” de que a 20 metros funcionaba un cabaret. Hoy la dependencia está intervenida por Asuntos Internos.
Pero hay otro organismo que debería a su vez controlar a los efectivos que no estén obrando como servicio a la comunidad sino por sus intereses privados, este factor es el poder ejecutivo municipal, provincial y nacional. En este sentido, no hay que olvidar que hace unos meses se rescató a una joven secuestrada en Paraguay y explotada sexualmente en un prostíbulo de 11 y 48, a tan sólo 4 cuadras de la Municipalidad, a menos de 10 cuadras de la Casa de Gobierno de la Provincia, a 6 de la Legislatura, a 2 de los Tribunales de La Plata.
Pero existe aún un elemento que funciona como soporte de esta red, y el interrogante aquí sería: ¿Para qué “usuarios” o "clientes" se abren estos prostíbulos cerca de estas dependencias oficiales? ¿Cómo pueden ignorar su existencia? ¿Se puede obviar la sospecha de connivencia o de “distracción conveniente”?
Por obvio que parezca, la trata de personas vinculada a la prostitución es en todo caso una realidad que los “consumidores” “nunca tienen presente”, aseguran desde la Fiscalía. A ese sector -que hoy representa en La Plata “cerca del 50% de la población masculina de las clases media y media alta”- es al que más le apuntan las organizaciones de lucha contra la trata de mujeres, exigiendo una ley que castigue su conducta, dado que hoy no son punibles. Lo que genera un debate al respecto, ya que desde la Justicia aseguran valerse de estos “consumidores” para encarar una investigación.
Pero estos consumidores, si bien no son las víctimas del sistema, también son promovidos y alentados a través de los medios de comunicación, ya sean televisivos o gráficos, que presentan a la mujer como un objeto de consumo y objeto sexual, o algunos diarios que publican servicios sexuales o de casas de citas con fotos de mujeres que parecen un bien de adquisición más entre el resto de los clasificados.
Por otra parte, es necesario señalar que en el Concejo Deliberante de La Plata sectores de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza vinculado a eliminar automáticamente las habilitaciones de aquellos locales que funcionen para la categoría de 'actividades incómodas' donde se compruebe o promueva la trata de personas. La cual parece una iniciativa más que interesante para combatir este delito.
Con respecto a los allanamientos, la Asociación de Meretrices Argentinas (AMMAR), que desde una posición reivindicativa del trabajo sexual mantiene una militancia activa para erradicar la trata, asegura que distintas fuerzas de seguridad maltratan, roban y golpean a las mujeres que encuentran en los allanamientos. Advierte que “bajo la excusa de combatir la trata se violan los derechos de las trabajadoras sexuales”.
Según la entidad estos procedimientos se incrementaron en las últimas semanas en la zona de La Plata, con intervención de la Policía Bonaerense y la Gendarmería, en el marco de acciones que estarían destinadas a combatir la trata de personas.
En este sentido la titular de Ammar, Elena Reynaga, que el año pasado fue premiada por la ONU, propuso “trabajar en conjunto en la capacitación del personal que interviene en esos operativos, pero para eso deberían reconocer que ellas tienen saberes”.
Más allá de una mejor legislación, de un procedimiento de la Justicia un poco más activo, o de un compromiso de la dirigencia política un poco más firme, debemos tener en cuenta que día tras día miles de mujeres y niñas son secuestradas por estas redes con diversas trampas, en donde generalmente las más perjudicadas son quienes provienen de sectores sociales más postergados, en donde en algunos casos son entregadas por sus familias a cambio de unos pesos.
Los tiempos de la Justicia siempre son lentos para estas mujeres y niñas; en muy poco tiempo su vida ya no es la misma. Según la investigación de la Alameda, se las explota hasta el desmayo en muchos de estos prostíbulos. Se les descuenta el 50 por ciento de los pases, además de un sistema de multas en caso de no querer “atender clientes”. En muchos casos ni siquiera usan preservativo, porque cuando ya están muy alcoholizadas no tienen control de la situación.
Si La Plata es el segundo lugar de destino (luego del Conurbano bonaerense) de mujeres secuestradas en el Paraguay, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que numerosas investigaciones apuntan respecto a que este negocio, que va en detrimento de los derechos humanos de miles de mujeres y niñas, sólo es posible con la complicidad y el consentimiento de empresarios sin escrúpulos, fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y de la administración pública y la sociedad en general, tanto de los clientes que consumen el cuerpo de una mujer vulnerable como un producto, como de quienes callan al ver pasar esta realidad ante sus ojos.
Saludamos el funcionamiento de la Justicia en tanto y en cuanto siga rescatando a las víctimas de esta red clandestina, pero a la vez que reclamamos que se lleven adelante políticas de prevención y erradicación priorizando los derechos de las mujeres y niñas y controlando de manera firme el funcionamiento de los organismos estatales al servicio de la comunidad.
Colectivo de Mujeres Juana Azurduy
Movimiento Libres del Sur
Contacto: Analía Luna (011) 1540340057
